Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Oficina de Asuntos Públicos
Comunicado de prensa
Contacto: Treasury Public Affairs, Press@Treasury.gov
WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a un funcionario y a un exfuncionario del Gobierno guatemalteco por su papel en la corrupción en Guatemala. Esta acción se dirige a Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, el exsecretario privado para la administración presidencial de Álvaro Colom, y Felipe Alejos Lorenzana, un diputado del Congreso de la República de Guatemala. Estos individuos son designados conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, que se fundamenta en, y ejecuta la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos y se centra en perpetradores de serios abusos de derechos humanos y corrupción alrededor del mundo. Estas sanciones también refuerzan las acciones tomadas el año pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos de designar públicamente a ambos individuos, y a los miembros de sus familias inmediatas, bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones en el Extranjero y Programas Relacionados, debido a su implicación en corrupción significativa.
“Cuando los funcionarios electos en Guatemala persiguen el enriquecimiento propio en sus funciones oficiales, es una afrenta a los principios democráticos en la región”, expresó la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “Esta acción sirve para arrojar una luz sobre la corrupción y promover la rendición de cuentas para aquellos que buscan malograr el proceso judicial”.
Las acciones de hoy fueron realizadas en estrecha coordinación con el Reino Unido, que hoy ha establecido un nuevo régimen de sanciones anticorrupción. Las acciones coordinadas que utilizan estos regímenes de sanciones globales permiten que socios con ideas afines formen un frente unificado para identificar, promover la rendición de cuentas, e interrumpir acceso al sistema financiero internacional por actores corruptos y sus redes. Los Estados Unidos continuaremos comprometidos estrechamente con nuestros aliados para imponer consecuencias tangibles y significativas a aquellos que se involucran en corrupción.
CORRUPCIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN JUDICIAL DE GUATEMALA
Políticos guatemaltecos, muchos de ellos quienes son objeto de investigaciones criminales en Guatemala, continúan malogrando las políticas anticorrupción, desde la disolución unilateral por el Gobierno de Guatemala en 2019, de la comisión establecida por las Naciones Unidas; la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual es una organización que se creó originalmente para trabajar con el Ministerio Público de Guatemala para investigar casos de corrupción. Estos funcionarios han buscado eliminar la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala (FECI), encargada de investigar los casos asignados por CICIG. También han buscado ejercer influencia en el proceso de selección judicial para designar magistrados a las más altas cortes de Guatemala, según investigaciones del Ministerio Público de Guatemala.
El actual proceso de selección para designar magistrados a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) y a la Corte de Apelaciones inició en junio de 2019, pero ha enfrentado muchas irregularidades y fallas de procedimiento.
En febrero 2020, FECI descubrió que, mientras estaba en prisión preventiva por sus presuntas actividades corruptas previas, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (Gustavo), el exsecretario privado de la administración presidencial de Álvaro Colom de 2008-12, había estado buscando influenciar el proceso de selección judicial para magistrados a la CSJ y la Corte de Apelaciones. Para hacer esto Gustavo facilitó pagos a diputados del Congreso y a jueces y magistrados de la CSJ, en coordinación con Felipe Alejos Lorenzana (Felipe), para influenciar un resultado en ambas instituciones que aseguraría la futura liberación de prisión de Gustavo, desestimar los cargos por corrupción en su contra, y proteger a Felipe, así como a magistrados y jueces de la CSJ, de futuras acusaciones por corrupción.
Como resultado de la investigación de FECI, el Ministerio Público de Guatemala solicitó un amparo contra el proceso de selección judicial. El Ministerio Público argumentó que las nóminas de candidatos presentadas habían sido alteradas e influenciadas por individuos que estaban enfrentando cargos penales. La Corte de Constitucionalidad revisó el informe preparado por el Ministerio Público que describía los vínculos de Gustavo, y dictaminó que los magistrados debían ser elegidos por voto y que, cualquier candidato considerado inapropiado debía ser excluido de la elección.
Adicionalmente, Gustavo, quien está actualmente bajo arresto domiciliario, ha sido objeto de varias investigaciones relacionadas con la corrupción. Por ejemplo, en 2019, Gustavo fue acusado de recibir sobornos de un empresario, como parte de una red de corrupción que involucraba lavado de dinero y sobornos en contratos de construcción del Gobierno en Guatemala. Gustavo compró activos offshore en Panamá y Belice. En un esfuerzo de ofuscar estos fondos, Gustavo también compró propiedades que luego fueron obsequiadas a funcionarios a cambio de favores políticos. FECI emitió una orden de captura contra Gustavo relacionada con esta actividad corrupta.
Felipe, un diputado electo del Congreso de la República de Guatemala para el período 2020-24, es un socio cercano de Gustavo. Felipe supuestamente facilitó sobornos y pagos de firmas privadas de construcción para contratos de infraestructura estatal en curso o potenciales a diputados del Congreso, con el objetivo de asegurar el apoyo del Congreso a magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad, quienes apoyarían un futuro fallo de la Corte de Constitucionalidad beneficiando la inmunidad de Felipe, manteniendo a Felipe y a otros diputados del Congreso fuera de la cárcel.
Gustavo y Felipe son designados conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de tales funcionarios, que son responsables o cómplices de, o han participado directa o indirectamente en corrupción, incluida la apropiación indebida de activos estatales, la expropiación de activos privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o soborno.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades y participaciones en propiedades de las personas mencionadas anteriormente, que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de Estados Unidos, están bloqueadas y deben reportarse a OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otra manera, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses, o que están dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos, que involucren cualquier propiedad o participación en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las prohibiciones incluyen hacer cualquier contribución, o proveer fondos, bienes o servicios por, para o al beneficio de cualquier persona bloqueada, o recibir cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
GLOBAL MAGNITSKY
Sobre la base de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, la E.O. 13818 fue emitida el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia de los abusos de derechos humanos y la corrupción que tienen su fuente, total o sustancialmente, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal dimensión y gravedad que amenazaba la estabilidad de los sistemas político y económico internacionales. El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que forman la base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tienen efectos devastadores sobre las personas; debilitan las instituciones democráticas; degradan el estado de derecho; perpetúan los conflictos violentos; facilitan las actividades de personas peligrosas y socavan los mercados económicos. Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometen graves abusos a los derechos humanos o se involucran en corrupción, así como proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del abuso por parte de estas mismas personas.
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