Reporte sobre la Trata de Personas en Guatemala, 2023
Guatemala (Nivel 2)
El Gobierno de Guatemala no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando esfuerzos significativos para lograrlo. El Gobierno demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período anterior reportado, considerando el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 sobre su capacidad de lucha contra la trata y por tanto, Guatemala permanece en el Nivel 2. Dichos esfuerzos incluyeron enjuiciar y condenar a más traficantes, fortalecer la capacidad del Gobierno para brindar un cuidado integral a víctimas infantiles de la trata y capacitar a funcionarios para prevenir y responder ante situaciones de tráfico laboral de trabajadores guatemaltecos en el extranjero. Sin embargo, el Gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. El Gobierno brindó asistencia y remitió a menos víctimas a refugios públicos y de ONG. El Gobierno redujo el financiamiento para refugios. Las víctimas adultas tuvieron menos opciones de refugio. Las actividades de sensibilización en comunidades desatendidas y en situación de riesgo no ofrecieron a las víctimas acceso directo para presentar quejas u obtener servicios, lo cual limitó el impacto de dichos esfuerzos sobre poblaciones marginales.
RECOMENDACIONES PRIORIZADAS: Aumentar el financiamiento para protección de víctimas, incluidos refugios públicos, de ONG y de otros proveedores del servicio, así como ampliar el acceso a servicios para víctimas masculinas, adultas y de la comunidad LGBTQI+. * Fortalecer las medidas para asegurar que las autoridades remitan sistemáticamente a servicios a las víctimas identificadas, entre ellas víctimas del tráfico laboral, y desarrollar las capacidades de los jueces de los Tribunales de la Niñez y Adolescencia para que puedan ofrecer procedimientos para el tratamiento de traumas de víctimas infantiles. * Investigar exhaustivamente y enjuiciar a los traficantes, entre ellos los traficantes con fines laborales, y buscar sanciones adecuadas para los traficantes condenados, las cuales deberían incluir periodos significativos en prisión. * Aumentar los esfuerzos para identificar proactivamente a las víctimas de trata, especialmente en poblaciones vulnerables, como niños y niñas que trabajan, migrantes y retornados, personas trabajadoras sexuales, niños y niñas detenidos por actividades ilícitas relacionadas con pandillas y profesionales médicos cubanos. * Asegurar esfuerzos de proyección hacia comunidades vulnerables y desatendidas para ofrecer acceso directo a las víctimas y personas en situación de riesgo para presentar quejas u obtener servicios. * Modificar la Ley contra la Trata de Personas de 2009 para que incluya una definición de trata de personas que concuerde con la de la legislación internacional. * Desarrollar un mecanismo para garantizar que las víctimas reciban pagos de resarcimiento ordenados por el tribunal. * Proporcionar apoyo para la reintegración de víctimas y testigos, incluida ayuda migratoria para víctimas de migración irregular y a las víctimas una vez que salgan de los refugios para prevenir que vuelvan a caer en la trata. * Ampliar la formación de jueces y fiscales para que se capaciten en el uso de evidencia forense y de otro tipo, con el fin de asegurar que las autoridades investiguen y lleven a juicio los casos de trata como tal, en vez de procesarlos como delitos menores. * Ampliar las medidas de prevención, entre ellas la sensibilización acerca de la contratación fraudulenta para empleos en Guatemala y en el extranjero; castigar a patronos o contratistas que lleven a cabo prácticas fraudulentas que faciliten la trata y eliminar los honorarios de contratación que pagan los trabajadores.
PROCESO JUDICIAL
El Gobierno aumentó los esfuerzos para la aplicación de la ley. La Ley contra la Trata de Personas de 2009 tipifica como delito la trata sexual y la trata laboral y establece penas de 8 a 18 años de prisión y una multa. Dichas penas eran lo suficientemente estrictas y, con respecto a la trata sexual, eran proporcionales a las penas prescritas para otros delitos graves, como la violación. Sin embargo, en contradicción con la definición de trata aplicada en la legislación internacional, la ley no considera el uso de la fuerza, el fraude o la coerción como un elemento esencial de un delito de trata de adultos. La ley definía la trata de manera amplia e incluía toda explotación laboral y adopción ilegal sin la finalidad de explotación.
Las autoridades iniciaron investigaciones de 182 casos que implicaban a 356 personas sospechosas de haber cometido delitos de trata (150 casos de trata sexual, 21 casos de trata con fines laborales y 11 casos de formas no especificadas de trata). Esto, en comparación con las investigaciones de 386 sospechosos en un número desconocido de casos en el año 2021. Las autoridades reportaron que habían iniciado el enjuiciamiento de 162 demandados (135 acusados de trata sexual, 23 de trata con fines laborales y 4 no especificados) y que habían continuado con el enjuiciamiento de 143 demandados (85 acusados de trata sexual, 30 de trata con fines laborales y 28 no especificados) en casos pendientes de años anteriores. Esto supone un aumento considerable con respecto a 2021, cuando las autoridades iniciaron el enjuiciamiento de 71 demandados y continuaron con los procesos de 59 acusados de años anteriores. El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) reportó haber recibido 14 denuncias de posible trata de personas, la cuales remitió al Ministerio Público (MP), en comparación con 9 denuncias en 2021 y 16 denuncias en 2020. Es posible que algunos enjuiciamientos hayan sido por delitos que no encajaban en la definición de trata según la legislación internacional. El Gobierno informó que los tribunales condenaron a 75 traficantes y absolvieron a 22 sospechosos; los funcionarios no especificaron los tipos de delito de trata. Esto supone un aumento significativo con respecto a los 30 traficantes condenados en 2021. El Gobierno reportó que 20 de los traficantes condenados recibieron sentencias de cárcel que oscilan entre los 6 y 20 años y multas por encima de los 600,000 quetzales (US$ 76,530), pero no reportaron los detalles de las sentencias para la mayoría de los traficantes condenados.
La Policía Nacional Civil (PNC) mantiene la Dirección Especial de Investigación Criminal (DEIC), que cuenta con una dependencia dedicada específicamente a la lucha contra la trata: la DEIC-TIP. La DEIC-TIP tiene su oficina central en la ciudad de Guatemala y cuenta con una oficina en Quetzaltenango, la cual posee jurisdicción para investigar delitos de trata en seis departamentos del occidente de Guatemala. Expertos locales reportaron que esto no brinda suficiente cobertura en relación con la escala de la trata en Guatemala. Además, la falta de capacitación adecuada, tecnología y equipo dificulta las investigaciones. Los observadores indicaron que los funcionarios de la Policía Nacional Civil de todo el país carecían de conocimientos acerca de la trata de personas. El Gobierno contaba con una unidad especializada en la lucha contra la trata de personas con oficinas en la ciudad de Guatemala, así como el occidente y el nororiente del país. En la capital, contaba también con fiscales especializados en el manejo de casos de trata de personas en áreas que no cubrían las oficinas regionales. El Gobierno anunció planes para abrir una oficina más en Petén en 2023. El Gobierno tenía tres Tribunales Penales de Primera Instancia en la ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y Zacapa. En conjunto, estos tres tribunales tenían jurisdicción para juzgar delitos relacionados con la trata de personas en 17 de los 22 departamentos de Guatemala. Se requería la aprobación de un juez para las investigaciones procesales, pero el sistema judicial carecía de la capacidad adecuada para procesar los casos de manera oportuna. La falta de recursos del Ministerio Público y la excesiva duración del proceso de apelaciones causaron más demoras, pues muchos de los procesos jurídicos tardan de dos a tres años. Los funcionarios judiciales no aplicaban un enfoque centrado en las víctimas y algunos carecían de la capacitación adecuada para aplicar pruebas forenses en los procesos judiciales. Algunos funcionarios, sobre todo fuera de las principales zonas urbanas, no comprendían adecuadamente los elementos e indicadores de los delitos de la trata y juzgaron muchos casos como explotación laboral o agresión sexual y no como trata de personas.
La corrupción en los delitos de trata sigue constituyendo un problema importante, lo cual dificultó la aplicación de la ley durante el año; este problema se agudizó aún más en las zonas fronterizas donde la presencia del Gobierno y el Estado de Derecho eran débiles. La presencia de elementos corruptos entre los miembros de las fuerzas de seguridad facilitó los delitos de trata de personas y ayudó a que persista la impunidad al aceptar sobornos o colaborar con las organizaciones criminales, incluso obstaculizando la aplicación de la ley. La corrupción dentro de algunas instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes dificultó aún más los esfuerzos en materia de justicia penal en detrimento del Estado de Derecho. Las autoridades arrestaron a un oficial activo de la policía bajo la acusación de asociación ilícita, conspiración y corrupción por presunta colusión con un traficante para permitirle cometer delitos de trata sexual de menores. En el mismo caso, las autoridades giraron órdenes de arresto para cuatro oficiales jubilados de la policía que evadieron la captura y no han sido detenidos. En febrero de 2023, las autoridades arrestaron a tres guardias penitenciarios por su presunta implicación en una operación de trata con fines sexuales que explotaba a las reclusas de una cárcel de mujeres. Las autoridades también giraron una orden de arresto pero no detuvieron a un soldado del Ejército de Guatemala por presunta posesión y distribución de material pornográfico de niños que probablemente eran víctimas de trata con fines sexuales. En noviembre de 2022, las autoridades comenzaron el juicio de un alcalde municipal arrestado por su presunta implicación en la trata sexual de una niña secuestrada de 13 años. El Gobierno no brindó actualizaciones en el caso de un oficial de policía arrestado durante el periodo del informe anterior por presunta participación en una operación de trata con fines sexuales en un spa de la ciudad capital. El Gobierno no brindó actualizaciones del caso de 2018 que implica a dos funcionarios públicos acusados de delitos de trata de personas.
El Gobierno informó que fiscales coordinaron con contrapartes internacionales en Canadá, El Salvador, Honduras y los Estados Unidos en operaciones para el cumplimento de la ley y casos judiciales. En 2022, la Policía impartió a oficiales capacitaciones sobre la Ley contra la Trata de Personas. El MP capacitó a miembros de su personal en investigación de delitos de trata de personas y apoyo a las víctimas, incluida la reparación digna para las víctimas y el manejo de evidencia digital en casos de trata. La Oficina del Procurador General de la Nación (PGN), con apoyo de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), capacitó a su personal en temas de trata de personas y el Gobierno capacitó a más de 1500 funcionarios en trata de personas a través de la Escuela de Estudios Judiciales. Con apoyo de donantes, la SVET organizó una conferencia para representantes de diversas instituciones gubernamentales acerca de la conexión entre la trata de personas y el lavado de dinero, así como la necesidad de intensificar los esfuerzos para detectar, bloquear y confiscar ingresos ilegales provenientes de estos delitos.
PROTECCIÓN
El Gobierno prosiguió con sus esfuerzos de protección a las víctimas; identificó más víctimas, pero brindó menos servicios para dichas víctimas. Las autoridades identificaron a 318 víctimas (72 explotadas sexualmente, 190 en trabajo forzoso y 56 explotadas en formas no especificadas de trata) y las ONG identificaron a 348 víctimas adicionales (34 explotadas sexualmente, 5 en trabajo forzoso y 309 en actividades no especificadas). Esto representa un aumento de las 92 víctimas identificadas por autoridades gubernamentales y 333 por ONG en el año 2021. Algunas víctimas incluidas en estas estadísticas podrían ser víctimas de delitos que no constituyen trata de personas según la legislación internacional. Entre las víctimas identificadas por el Gobierno de la trata sexual, había 55 mujeres y 12 hombres; 90 de las víctimas de trabajo forzoso eran mujeres y 101 eran hombres y otras 48 víctimas eran mujeres y 11 hombres. El Gobierno identificó a dos víctimas de la comunidad LGBTQI+. El Gobierno no aclaró las pequeñas discrepancias en sus datos desglosados. Las autoridades no proporcionaron datos sobre la edad de las víctimas identificadas. En el caso de las víctimas identificadas por ONG, 27 eran niñas, 126 mujeres y 13 hombres; al menos 5 eran personas extranjeras, una de la comunidad LGBTQI+ y una persona con discapacidad. El Gobierno no proporcionó datos completos sobre las personas extranjeras. No obstante, el Gobierno identificó a personas de nacionalidad venezolana explotadas en trata sexual y un menor de edad explotado en actividades delictivas forzosas. Las autoridades guatemaltecas coordinaron con funcionarios polacos y una organización internacional la repatriación de 32 víctimas guatemaltecas (25 hombres y 7 mujeres) identificados en Polonia.
En el año 2022, el Gobierno remitió a 161 víctimas a refugios de ONG y públicos, donde tuvieron acceso a servicios como apoyo psicosocial, atención médica, asistencia legal y/o educación y formación profesional, lo cual representa una reducción con respecto a las 218 víctimas remitidas a refugios en 2021. La Secretaría de Bienestar Social (SBS) administró dos refugios especializados para niños víctimas de la trata y la SVET administró uno para mujeres migrantes víctimas de la trata de personas. El Gobierno ofreció servicios a 60 víctimas en refugios públicos. En el año 2021, los refugios públicos prestaron servicios a 92 residentes. Algunas ONG administraron otros refugios, la mayoría sin apoyo financiero del Gobierno. Las autoridades a menudo remitieron víctimas a cuatro refugios de ONG que ofrecían servicios especializados para personas víctimas de la trata. El Gobierno ha proporcionado financiamiento a una ONG proveedora de servicios desde 2006, incluidos 4.5 millones de quetzales en 2022 (US$ 573,980). Sin embargo, el Gobierno anunció que suspendería este financiamiento en 2023, con lo cual la organización se vio obligada a cerrar el refugio para mujeres sobrevivientes de violencia, incluida la trata, y despidió al personal que prestaba servicios psicológicos y legales a las víctimas. Organismos gubernamentales y ONG cooperaron para prestar servicios a víctimas, como alimentación, hospedaje, atención psicológica y médica, educación y formación profesional. En 2022, el Gobierno adjudicó 2.39 millones de quetzales (US$ 304,540) al refugio de la SVET y 2.3 millones de quetzales (US$ 293,510) a los refugios de la SBS, haciendo un total de 4.69 millones de quetzales (US$ 598,050) en refugios y servicios para víctimas de la trata de personas. El Gobierno no reportó sus gastos en 2021, pero hay una reducción significativa con respecto al financiamiento en años anteriores, cuando el Gobierno otorgó 9 millones de quetzales (US$ 1.5 millones) a refugios públicos y servicios especializados en 2020; 7.04 millones de quetzales (US$ 897,960) en 2019 y 19.4 millones de quetzales (US$ 2.47 millones) en 2018.
El Gobierno, con apoyo de ONG, terminó las actualizaciones de su protocolo interinstitucional para el cuidado y protección de víctimas, el cual brinda orientación a los funcionarios en la identificación, remisión y prestación de servicios a las víctimas. La SVET aprobó el protocolo en mayo de 2022 y organizó eventos en cuatro departamentos para familiarizar a los actores con los nuevos lineamientos. El Gobierno capacitó a funcionarios de inmigración en identificación de víctimas de trata de personas en contextos migratorios y dichos funcionarios efectuaron entrevistas a migrantes antes de ser deportados. No obstante, a diferencia del año anterior, no reportaron ninguna víctima potencial de trata a los fiscales en 2022. El Gobierno examinó a niños migrantes no acompañados retornados con respecto a indicadores de trata utilizando los protocolos de la SBS para brindar atención y recibir a dichos niños en dos refugios públicos. Sin embargo, las autoridades regresaron a la mayoría de los niños no acompañados a sus familias sin tomar medidas para reducir su vulnerabilidad a la explotación. Las autoridades no examinaron a ciudadanos cubanos que trabajan en Guatemala con respecto a indicadores de trata de personas, a pesar de las preocupaciones de que el Gobierno de Cuba pueda haber forzado a algunos de ellos a trabajar.
La Unidad de Atención Integral del MP contrató trabajadores sociales que llevaron a cabo evaluaciones de las necesidades de las personas y las remitieron a servicios para las víctimas. La SVET cuenta con unidades multidisciplinarias dentro de la Procuraduría General de la Nación (PGN) capacitadas para brindar protección y coordinación interinstitucional. La legislación guatemalteca requiere que los jueces de los Tribunales de la Niñez y Adolescencia remitan a los menores a refugios públicos o privados. No obstante, muchas veces los jueces no los remitieron oportunamente, lo cual retrasó su acceso a la ayuda que necesitaban. Los jueces colocaron a algunas de víctimas infantiles con familiares, dejándolos vulnerables a volver a ser víctimas de trata, pues a menudo, los familiares estaban implicados en su explotación.
El Gobierno reubicó uno de sus refugios para víctimas de trata infantil a Retalhuleu. Las autoridades reportaron que el nuevo refugio ofreció a las víctimas un mejor alojamiento y mejoró la capacidad del Gobierno de brindarles atención integral. Junto con el refugio en la ciudad de Guatemala, los refugios públicos para víctimas de trata infantil pudieron brindar asistencia a 55 residentes a la vez. El refugio de la SVET para mujeres migrantes víctimas contó con capacidad para atender a 30 víctimas a la vez. El Gobierno únicamente prestó servicios limitados a víctimas adultas de trata de personas y no hubo refugios o servicios para hombres adultos. Los expertos indicaron falta de refugios para víctimas de trata pertenecientes a la comunidad LGBTQI+. Con asistencia técnica de una ONG, el Gobierno implementó un modelo de asistencia para brindar atención centrada en la víctima y basada en el trauma por medio de equipos multidisciplinarios en dos refugios para víctimas de trata infantil. La SBS capacitó a sus funcionarios en temas de trata de personas, incluida la implementación de una guía para brindar atención a adultos de la comunidad LGBTQI+, protección a víctimas de trata infantil y combate de delitos cibernéticos relacionados con la trata de personas. Con asistencia de una ONG, la SBS lanzó un diplomado virtual para desarrollar las capacidades de su personal en la identificación, remisión y protección de víctimas de la trata de personas. Con apoyo de donantes, la SVET impartió capacitación sobre métodos centrados en la víctima a profesionales del gobierno y de ONG que brindan atención a víctimas de la trata. El Gobierno prestó pocos servicios a víctimas indígenas y otras ubicadas en el área rural, donde la presencia estatal y capacidad multilingüe eran limitadas. El Gobierno no brindó suficiente atención a largo plazo ni apoyo en la reintegración de víctimas y el seguimiento fue inadecuado, con lo cual, las víctimas permanecen vulnerables a seguir siendo explotadas.
El Gobierno realizó esfuerzos para mejorar el funcionamiento de los refugios, pero el monitoreo y supervisión general, sobre todo en instalaciones a cargo de niños, siguió siendo deficiente. El Gobierno aún no ha implementado cambios estructurales para reorganizar el sistema después del incendio de un refugio sobrepoblado, administrado por el Estado, en marzo de 2017, en el cual murieron 41 niñas y otras más resultaron heridas. El refugio había enfrentado acusaciones de corrupción y explotación sexual anteriormente y fue objeto de una investigación de su gestión por parte de la ONU. Un tribunal desestimó todos los cargos en contra de una ex alta funcionaria de la SBS. Otros cinco funcionarios gubernamentales siguieron en prisión preventiva con múltiples cargos penales relacionados con el letal incendio.
El Gobierno cuenta con políticas y procedimientos para brindar apoyo a las víctimas durante el proceso penal. No obstante, los recursos fueron insuficientes para brindar acceso a dichas medidas a todas las víctimas. El Gobierno permitió que algunas víctimas dieran su testimonio, ya sea a través de video, en una cámara Gesell o detrás de una división en el juzgado para proteger la identidad y privacidad de la víctima. Tres tribunales especializados ofrecieron servicios psicológicos para algunas víctimas y mejoraron los procedimientos para garantizar la confidencialidad de las víctimas y testigos. El MP contrató trabajadores sociales y psicólogos para que sirvieran de enlace entre la oficina y las víctimas, acompañaran a las víctimas en los procedimientos contra sus traficantes y ayudaran a las víctimas a acceder a los servicios médicos. La oficina de la Procurador de los Derechos Humanos se encargó de asegurar que no se violaran los derechos de las víctimas de la trata de personas. La legislación exigía que los jueces ordenaran una restitución al condenar a los traficantes, pero el Gobierno no contaba con un mecanismo para garantizar que las víctimas recibieran los pagos ordenados por el tribunal. El Gobierno no reportó ninguna víctima que haya recibido restitución en 2022 y no lo ha hecho desde 2016. La legislación guatemalteca contra la trata de personas brindaba alternativas legales para el traslado de víctimas extranjeras que pudieran sufrir dificultades o represalias al regresar a sus países de origen. El Gobierno otorgó estatus de residente temporal a víctimas extranjeras. Sin embargo, actores locales indicaron que esto no es suficiente para permitir a las víctimas de origen extranjero participar en procesos judiciales. La longitud de dichos procesos en combinación con la falta de asistencia para encontrar un empleo legal representó un desincentivo para que las víctimas adultas extranjeras permanecieran en el país durante los juicios. Estos factores dificultaron la eficacia de dichos juicios y limitaron el acceso de las víctimas extranjeras a servicios integrales en Guatemala. Con financiamiento de una organización internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinó la repatriación de 35 víctimas extranjeras a sus países de origen. Debido a la falta de procedimientos formales para la identificación proactiva de víctimas dentro de algunos grupos vulnerables, es posible las autoridades hayan detenido y arrestado a algunas víctimas de trata sin identificar.
PREVENCIÓN
El Gobierno mantuvo decididos esfuerzos de prevención. En la Secretaría de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas (CIT), integrada por instituciones gubernamentales, ONG y organizaciones internacionales, la SVET coordinó esfuerzos contra la trata de personas en el ámbito nacional. El Gobierno adjudicó un presupuesto de 2.83 millones de quetzales (US$ 360,730) a la SVET en 2022. Organizaciones internacionales y ONG también proporcionaron financiamiento a muchas de las iniciativas de la SVET. La política pública para el periodo 2014-2024 en materia de lucha contra la trata de personas guio el enfoque del Gobierno contra la trata y la SVET dirigió a los miembros de la CIT en la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2018-2024. Los miembros de la CIT elaboraron planes anuales de trabajo para apoyar estos esfuerzos. La SVET brindó apoyo a actores relevantes en cuatro departamentos que contaban con órganos coordinadores locales conformados por el Gobierno, ONG y otras partes interesadas. La SVET identificó municipios donde los reportes de trata de personas e historial de actividades de capacitación y extensión eran bajos, dando prioridad a estos lugares para llevar a cabo actividades de sensibilización. La SVET también dirigió esfuerzos de proyección en municipios con mayor población juvenil según el censo más reciente. La SVET llevó a cabo una extensa programación de divulgación y educación sobre prevención de la trata de personas, con un total de 142 eventos en los que participaron 2247 personas de 68 instituciones públicas y privadas, así como actividades de sensibilización del público, llegando a más de 500,000 miembros de la sociedad. No obstante, los funcionarios de la SVET carecían de autoridad para recibir quejas o remitir a potenciales víctimas a servicios, lo cual merma el impacto de los esfuerzos de proyección, sobre todo en comunidades remotas y desatendidas. Con apoyo de donantes, la SVET organizó un taller para comunicadores gubernamentales y miembros de los medios de comunicación para mejorar y aumentar la cobertura mediática de los delitos de trata de personas para educar al público. La SVET lanzó una campaña de sensibilización para prevenir la trata entre emigrantes retornados y personas que están de tránsito en Guatemala. Con asistencia técnica de una ONG, la SVET brindó capacitación a voluntarios comunitarios acerca del rol de los funcionarios de primera línea en la prevención y respuesta a la trata de personas. La SVET identificó a 44 voluntarios comunitarios que aprobaron el curso de capacitación. La SVET produjo material para prevención y sensibilización en español e idiomas mayas, garífuna, Braille y lenguaje de señas para llegar a poblaciones vulnerables. Además, contrató a más personal multilingüe para apoyar en las actividades de proyección en idiomas mayas y fortaleció la colaboración y capacitación de organizaciones que abogan por las personas con discapacidad.
El Gobierno no contó con una línea telefónica directa específicamente para trata de personas, pero administró varias plataformas para el reporte de delitos por teléfono o en línea. La Policía recibió 40 % más llamadas relacionadas con la trata de personas en el último año, pero no reportó si identificó a alguna víctima o inició juicios como resultado de dichas llamadas. Varios organismos continuaron promoviendo la línea directa del Gobierno para reportar quejas sobre trabajo infantil. El Gobierno no reportó si recibió alguna queja sobre trabajo infantil forzoso o si remitió algún caso a las fuerzas de seguridad para su investigación penal. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social (MINTRAB) carece de suficientes recursos humanos y financieros para efectuar inspecciones eficaces e identificar casos de trabajo forzoso. No obstante, los inspectores del MINTRAB identificaron a 74 víctimas de trata de personas en 2022. El Gobierno no prohibió a patronos o contratistas cobrar cuotas por contratación. En junio de 2022, el MINTRAB comenzó a implementar un nuevo sistema que requiere que los contratistas privados se registren y obtengan un permiso para operar, fortaleciendo así el monitoreo y supervisión de las prácticas de contratación. El MINTRAB impartió capacitaciones a los miembros de su equipo técnico que facilitaron la participación de trabajadores guatemaltecos en programas laborales en los Estados Unidos sobre derechos laborales en los Estados Unidos y mecanismos para ayudar a los trabajadores que sufren explotación en el extranjero. El Gobierno aprobó una ley para el fortalecimiento de los derechos y condiciones laborales de marinos guatemaltecos que trabajan en el extranjero. El Gobierno, en colaboración con ONG, llevó a cabo eventos de proyección y capacitación para funcionarios gubernamentales y empleados del sector privado sobre la prevención del turismo sexual con menores y actualizó una campaña mediática de sensibilización pública sobre este tema. El Gobierno participó en un programa con autoridades en los Estados Unidos para limitar el ingreso a Guatemala de agresores sexuales condenados en los Estados Unidos. En 2022, las autoridades negaron la entrada a Guatemala a siete agresores sexuales mediante este programa.
PERFIL DE LA TRATA DE PERSONAS: como se reportó en los últimos cinco años, los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Guatemala, así como a víctimas guatemaltecas en el extranjero. Los traficantes explotan a adultos y menores guatemaltecos en el tráfico sexual dentro del país y en México, los Estados Unidos, Belice y otros países. Las personas de la comunidad LGBTQI+ corren un mayor riesgo de ser objeto de trata sexual. Los turistas extranjeros con fines sexuales con menores, predominantemente de Canadá, los Estados Unidos y Europa occidental, así como hombres guatemaltecos, pagan por actos sexuales con menores víctimas de explotación sexual. Los traficantes explotan a mujeres y niños de otros países latinoamericanos y de los Estados Unidos en la trata sexual en Guatemala. Los traficantes explotan a adultos y menores guatemaltecos en el trabajo forzoso en el país, a menudo en agricultura o servicio doméstico. Muchas veces, los traficantes buscan a personas que migran dentro del país desde el área rural hacia las ciudades. Expertos han identificado a los sectores del café, el brócoli, la caña de azúcar, las canteras de piedra y la fabricación de fuegos artificiales como de riesgo para el potencial empleo de trabajo infantil forzoso. Algunas mujeres en matrimonios forzados son sometidas a servidumbre doméstica. Los traficantes buscan en particular a indígenas guatemaltecos, incluidos menores, para realizar trabajos forzosos, entre ellos, en tortillerías en Guatemala y en otros países. Los traficantes explotan a menores guatemaltecos en trabajos forzosos para mendigar o como vendedores o artistas callejeros, sobre todo en la ciudad de Guatemala y a lo largo de la frontera con México. Las familias de las víctimas infantiles a menudo son cómplices de su explotación. Las organizaciones criminales, incluidas las pandillas, explotan a las niñas en el tráfico sexual y coaccionan y amenazan a niños y jóvenes de las zonas urbanas para vender o transportar drogas o para extorsionar. Los traficantes someten a adultos guatemaltecos a trabajos forzosos, en el ámbito de la agricultura, industria textil y servicio doméstico, en México, los Estados Unidos y otros países. Los menores guatemaltecos son vulnerables a ser sometidos a trabajos forzosos en fábricas en los Estados Unidos. Los traficantes explotan a algunos migrantes latinoamericanos que transitan por Guatemala en ruta hacia México o los Estados Unidos en tráfico sexual o trabajo forzoso en el país o al llegar a su destino. Los traficantes utilizaron cada vez más métodos de reclutamiento en línea para llegar a las víctimas, en particular a menores, siguiendo con una tendencia que se aceleró durante la pandemia. Los traficantes han explotado a víctimas en refugios para migrantes. Las autoridades han investigado a policías, militares y funcionarios electos por pagar a menores por actos sexuales, facilitar el tráfico sexual de menores, aceptar sobornos de los traficantes o proteger los lugares donde se produce el tráfico. Los funcionarios gubernamentales dentro del sistema bancario presuntamente ayudaron a los traficantes a cometer delitos de lavado de dinero. Es posible que ciudadanos cubanos que trabajan en Guatemala, entre ellos profesionales médicos contratados por el Gobierno de Guatemala, hayan sido forzados por el Gobierno cubano a trabajar.
Consulte el informe completo sobre la Trata de Personas 2023 del Departamento de Estado (en Inglés): 2023 Trafficking in Persons Report